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Lunes 25 de Noviembre de 2019
En el conversatorio “La cuestión social y la Constitución”, organizado por la Facultad de Derecho UANDES, se discutió acerca de las implicancias del “Acuerdo por la Paz Social y nueva Constitución”, suscrito por parlamentarios del oficialismo y de oposición.
La madrugada del 15 de noviembre marca un antes y un después en la política chilena. Tras intensas conversaciones entre parlamentarios del oficialismo y representantes de partidos de oposición se dieron a conocer a la opinión pública los principales puntos para un “Acuerdo por la Paz Social y nueva Constitución”. Esto, resulta del estallido social del 18 de octubre y luego de múltiples y multitudinarias manifestaciones ciudadanas en las que se dio cuenta del desconecto social.
De esta manera y por voto popular en abril de 2020, Chile decidirá mediante dos preguntas si quiere o no una nueva Constitución y de ser la respuesta afirmativa, bajo qué mecanismo: a través de una Convención Constitucional o Convención Constitucional Mixta.
El encuentro “La cuestión social y la Constitución”, organizado por la Facultad de Derecho UANDES, abordó este nuevo panorama, contando con la participación de dos profesores de la disciplina, Francisco Zúñiga, de la Universidad de Chile, e Ignacio Covarrubias, quien además es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae.
José Ignacio Martínez, Decano de la Facultad de Derecho UANDES, estuvo a cargo de moderar el encuentro y en su primera intervención el académico recordó que durante el gobierno de Michelle Bachelet se había iniciado la discusión constitucional, pero que luego de las elecciones presidenciales 2017 y con el triunfo de Sebastián Piñera la opción por una nueva Constitución fue descartada.
Para Francisco Zúñiga este proceso constituyente está en un momento estelar posibilitado por las movilizaciones sociales que se inician en octubre, pero que a su juicio “en rigor comienzan en 2011 con el movimiento estudiantil y sobre el cual el gobierno de Michelle Bachelet se hizo cargo del proceso constituyente que quedó inconcluso”. Para el académico este proceso en particular y tomando la nomenclatura de Bruce Ackerman fue un momento constituyente débil a diferencia del actual que lo define como “un momento constituyente fuerte”.
Ignacio Covarrubias y haciendo eco de su carácter como profesor de la especialidad se pregunta “¿qué tiene que ver lo constitucional con el malestar o con el tema de la desigualdad?”. A su juicio son distintos factores que se entrecruzan y que efectivamente comienzan con protestas sociales. Para él, hay dos factores fundamentales: “el primero es atribuirle un rol mesiánico a una nueva Constitución viéndola como receptáculo de todos los anhelos del pueblo y el segundo es la agudización de todo este fenómeno y que una forma de salvar la situación es a través de una discusión constitucional”.
Legitimidad de la Constitución
Sobre este tema se ha discutido en distintos foros y momentos. Mientras algunos, la actual Constitución, la vislumbran como una gestada bajo el régimen de Augusto Pinochet, otros piensan que, tras la gran reforma de Ricardo Lagos de 2005, el documento ya carece de todo legado autoritario. Para Zúñiga hay tres hitos básicos y así busca responder sobre la importancia de una nueva Constitución. “El primer fundamento de que la Carta Magna vigente carece de legitimidad de origen se da en que es una Constitución otorgada, autoritaria, neoliberal, elaborada en plena dictadura y es formalmente un decreto de ley, el 3464 del 8 de agosto de 1980, sometido a una fantasmagórica confirmación plebiscitaria. El segundo hito que es más discutido, tiene que ver con que la Constitución tiene una legitimidad de ejercicio deficitaria dada por las 40 leyes de reformas incorporadas a su texto y 230 modificaciones puntuales a su articulado. Es decir, en los últimos 30 años, la Constitución suma más de una reforma por año. Cualquiera podría decir que esta está legitimada por el paso del tiempo y por la práctica político constitucional y esto es cierto, pero solo está legitimada parcialmente pues todas las reformas descansan en una suerte de trampa del consenso. El último hito tiene que ver con la gobernabilidad, ya que la Constitución vigente es anticuada. Creo que nuestro régimen presidencialista está haciendo agua”.
Para Ignacio Covarrubias esta discusión no tiene que ver con la legitimidad de la Constitución de 1980. “Si uno analiza la propuesta presentada por Michelle Bachelet tiene aspectos muy similares a la actual Carta Fundamental, lo que demuestra que en la discusión actual sobre una nueva Constitución lo que en realidad pesa es la figura de Pinochet”.
Quien además agrega que existió un intento de superar esto con la gran reforma de 2005, texto constitucional que incluso no lleva la firma de Augusto Pinochet, sino que la del expresidente Ricardo Lagos. “Él mismo decía que estábamos frente a un nuevo texto constitucional, sin embargo, esto no fue suficiente pues para muchos el problema sigue siendo el origen político más que el jurídico”, recalcó. Dijo que si se tuviese que concluir que todas las constituciones que tienen problema de legitimidad de origen son deficitarias, entones “todas nuestra Constituciones políticas republicanas habrían tenido problemas deficitarios por su origen. Existen muchas Cartas Fundamentales que también han tenido problema de origen pero que, sin embargo, han sido legitimadas en sus principios”.
¿Es hoy el momento propicio para una discusión constitucional?
Fuertes hechos de violencia han marcado la agenda y funcionamiento de nuestro país en los ya más de 30 días desde que comenzó el estallido social. La interrogante no es menor. ¿Es hoy un buen momento para instalar tan trascendental discusión? Muchos han puesto en la palestra que iniciar un momento constitucional en esta convulsión social pone duda el origen de esta misma. Francisco Zúñiga concuerda que “un momento convulso no es el mejor momento para discutir acerca de una nueva Constitución”, pero sobre este punto el académico llama a la tranquilidad ya que la discusión del tema sustantivo lleva haciéndose en la academia hace ya varios años. “No vamos a inventar la rueda, no vamos a partir de cero, vamos a partir de una hoja en blanco que no es lo mismo. No se parte de cero porque Chile tiene una tradición constitucional y no podemos darle la espalda al pasado”. El profesor acotó que la discusión debe llevarse a cabo en el seno de la Convención Constitucional y que espera que la academia sea un participante activo en la discusión y en su dimensión más técnica.
Sobre lo anterior, Ignacio Covarrubias comentó que “a este acuerdo político se ha llegado como respuesta a una sensación de temor y de inseguridad. Se ha firmado, sin desmerecer el efecto beneficioso que ha traído inmediatamente después de los días de violencia inusitada, porque el gobierno no ha cumplido con su deber de velar por el orden público”. El también decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae agregó que los años han mostrado que “si la clase política ha tenido problemas es porque la academia no ha sido escuchada”, esto conlleva a que les será muy difícil sustraerse de “todos los shows mediáticos, encuestas y opiniones derivadas de las redes sociales donde los temas que se ponen en cuestión no son los temas de equilibrio o de una hoja en blanco ex novo, sino que una idea de refundación”.
Hoja en blanco
Francisco Zúñiga indicó que el término de hoja en blanco fue acuñado por Ricardo Lagos, gestor de la reforma del 2005, y se refiere a la dificultad que enfrentó su gobierno para lograr reformar profundamente la Constitución. “Rescato el valor de discutir la nueva Carta Magna desde una hoja en blanco. Esta es una expresión figurativa que designa una discusión sin pretexto, sin imposición unilateral y sí con acuerdos sustantivos” enfatizó.
Ignacio Covarrubias concordó con que “la hoja en blanco no es partir de cero. Lo que preocupa a muchos es que al sacar como base la Constitución vigente, entonces ¿sobre qué vamos a empezar a conversar? Cuando se comienza la discusión se supone que las partes deben tener cierta equivalencia en la posibilidad de incidir entonces ¿qué pasa si no hay acuerdo? Estos se resolverían por la ley y ahí hay una pequeña trampa, porque quienes negocian aquellas materias se aproximan a ese contrato de distinta manera”. Sobre esta materia Francisco Zúñiga piensa que no habrán muchos desacuerdos y enfatizó que el quorum de 2/3 es un incentivo para llegar a acuerdos.
El plebiscito de entrada será en abril de 2020 y la elección de los delegados constituyentes se realizará en noviembre del mismo año, al mismo tiempo que las elecciones municipales. El acuerdo suscrito establece que la forma de ratificación de una nueva Constitución será a través de una mayoría absoluta mediante un plebiscito de salida con voto obligatorio.