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Lunes 29 de Abril de 2024
En el marco del II Concurso Interuniversitario de Iniciación en Investigación Asociativa, el Instituto de Ciencias de la Familia UANDES, junto a la Universidad Santo Tomás, se adjudicó fondos para realizar un proyecto sobre la determinación y distribución de alimentos en el derecho de familia chileno.
Según explicó Yasna Otarola, directora de Estudios del ICF y quien trabajará este proyecto, el tema de los alimentos es de suma importancia y genera una considerable inseguridad jurídica, ya que el sistema legal aún no ha logrado establecer un método que garantice respuestas precisas y objetivas para aquellos que enfrentan conflictos de esta naturaleza.
“La falta de aplicación de criterios claros y proporcionales por parte de los tribunales al ponderar las pensiones alimenticias ha dado lugar a una discrecionalidad que los tribunales superiores no pueden rectificar, perpetuando así los litigios”, aclaró Otarola.
Tras la promulgación de la Ley Nº 21.389 y Nº 21.489, que modifican la Ley Nº 14.908, el Código Civil y otras disposiciones, se ha abierto la posibilidad de establecer elementos de previsibilidad en esta área del derecho. Por tanto, el objetivo principal de esta investigación es desarrollar un conjunto de criterios específicos y objetivos, basados en un estándar de proporcionalidad, que permita unificar las respuestas jurídicas en casos similares y, en última instancia, aumentar la seguridad jurídica.
“Todo lo anterior permitirá, por una parte, que el juez, razonando su decisión para el caso concreto, haga uso de estos criterios precisos y objetivos para determinar y distribuir los alimentos y, por otra, que se eviten largos y poco amistosos procesos judiciales que tanto afectan a la familia y los hijos”, expresó Yasna Otarola.
Esta investigación representa un paso significativo hacia la clarificación y estandarización de los procesos judiciales relacionados con la determinación y distribución de alimentos en el derecho de familia chileno, con el potencial de beneficiar a numerosas familias y contribuir a una administración de justicia más eficiente y equitativa.